Vinculan a proceso a exsecretaria de Bienestar de Tamaulipas; enfrentará juicio en libertad

La exsecretaria de Bienestar Social del Gobierno de Tamaulipas, identificada como YAC, fue vinculada a proceso por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. No obstante, continuará el proceso en libertad al mantenerse vigente el amparo que impide la ejecución de la prisión preventiva dictada previamente.

Durante la audiencia celebrada este miércoles, la defensa presentó un informe contable con el que intentó desacreditar la imputación formulada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

En sus argumentos, el abogado defensor calificó la acusación del Ministerio Público como ambigua, contradictoria e incongruente, al sostener que no se acreditó que su representada hubiera ejercido de manera ilícita las facultades inherentes a su cargo ni que hubiera violado la Ley de Adquisiciones.

La Fiscalía Anticorrupción acusa a la exfuncionaria de autorizar de manera irregular cuatro contratos para la adquisición de 2.4 millones de despensas destinadas al programa “Bienestar Alimentario”, con un monto total de 985.2 millones de pesos, presuntamente sin llevar a cabo un procedimiento de licitación pública.

En respuesta, la defensa sostuvo que, aunque YAC encabezaba la Secretaría de Bienestar, no tenía la facultad de adjudicar contratos de manera directa, ya que esa decisión correspondía al Comité de Compras y Operaciones, órgano colegiado integrado por diversos funcionarios.

Asimismo, destacó que el contratante legal de los cuatro convenios fue el entonces secretario de Administración, Jesús Alberto “S”, y no la exsecretaria de Bienestar.

Los abogados también argumentaron que el Anexo 11 del Presupuesto de Egresos 2022 contempla excepciones a los procedimientos de licitación para la adquisición de productos básicos y perecederos, categoría en la que, aseguraron, se ubican las despensas adquiridas.

Añadieron que antes de concretar las compras se compararon cotizaciones de tres empresas y que el Comité seleccionó la propuesta con mejores condiciones económicas y técnicas, por lo que, a su juicio, no existió conducta ilícita.

Tras varias horas de audiencia y diversos recesos, la jueza Gloria Paloma Gómez de la Cruz resolvió vincular a proceso a la exfuncionaria y fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

La siguiente audiencia quedó programada para el 4 de enero de 2027, dentro de la carpeta de investigación 733/2025.