Autoridades estadounidenses también son responsables de violencia sexual en la frontera

Aunque el presidente, Donald Trump, ha señalado en repetidas ocasiones que “una de cada tres mujeres (migrantes) sufre abuso sexual en el peligroso trayecto por México”, poco ha dicho respecto a lo que las migrantes padecen del otro lado de la frontera, donde las mismas autoridades cometen este tipo de actos en contra de mujeres y niñas.

De acuerdo a The New York Times, las víctimas encuentran “un mundo subterráneo de terror que coexiste con la bulliciosa vida de las ciudades estadounidenses a lo largo de la frontera” como McAllen, Mission, Edimburg, San Antonio y Arizona a manos de traficantes, policías locales e integrantes de la Patrulla Fronteriza.

Entre los casos, la publicación menciona el de un vice alguacil en San Antonio que fue imputado por el abuso sexual de una niña de 4 años, hija de una guatemalteca indocumentada a la que amenazó con deportar si reportaba lo sucedido; y el de dos adolescentes que, en la parte occidental de Texas, fueron violadas por un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) contra quien iniciaron acciones legales, llegando a un acuerdo por 125 mil dólares en 2018.

En las ciudades de El Valle, principalmente encontró casos relacionados con contrabandistas los cuales, incluso han mantenido “burdeles improvisados” en McAllen, Edimburg y Mission.

“Los expertos dicen que la cifra real de abusos sexuales cometidos allí es mucho más alta que la documentada por procuradores y la policía, ya que no suelen reportarse. Y no se quedan en la frontera. Las mujeres han denunciado ser víctimas de abuso sexual en centros de detención migratorios y el gobierno estadounidense recibió en un periodo de cuatro años más de 4 mil 500 quejas sobre abuso sexual a niños migrantes en centros de detención que operan con fondos públicos”, refiere en su artículo.

Sin embargo, las cifras oficiales quedan lejos de la realidad puesto que la mayoría de las mujeres no reporta lo sucedido, “en buena parte porque sus agresores amenazan con exhibir su estatus migratorio o hacerles algo peor, si ellas lo intentan”.